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jueves, 15 de noviembre de 2012


Usted merece castigo y no una visa, Coronel.


Por: Manolo Pozo
Anda instalado en nuestro Miami un ser de los más despreciables. No es Hugo Cancio, ni Max Lesnick. Es más, no es Mariela Castro, ni algún oficialote de la Seguridad del Estado en un show de Oscar Haza. Del que les quiero hablar ya vive como nuevo y extraño cuerpo en la capital del exilio cubano. Nos llega directamente desde una prisión cubana, de alguna de las que dirigió y ordenó desmanes a granel; el Coronel Crecencio Marino Rivero es esta vez un victimario de las prisiones y no un ex-prisionero político de los que multiplicamos historias de violaciones y sacrificios.

Aquí anda el matrimonio, sí porque vino  con Juana Ferrer, una oficial del MININT; residen en  Miami evitando tocar el tema y mintiendo cuando lo hacen. Los escuchamos negando la participación de AMBOS en golpizas y torturas..., es más no sólo tratan de salvarse cometiendo perjurio, además los esposos represores han sido capaces de objetar la participación de la "policía revolucionaria" en brutalidades y violaciones..."la policía no maltrata a los disidentes ni a las Damas de Blanco. Lo que hacen es protegerlos de la población molesta por las marchas y protestas contra el gobierno..." "...no conozco ni un solo caso de maltrato, ese no es el trabajo de la policía..." Ha dicho este señor en alguna radio o estación de Miami.

Escuchar semejante declaración (pública) frente a 5 décadas de exilio histórico y de miles de ex-presos políticos, banderas de esa parte, es un ataque inadmisible que merece mucho más que una crítica del pueblo cubano del Sur de la Florida. Se impone  preguntarles a las víctimas, a las madres y familiares de los presos que padecían brutalidad en las cárceles que  el Coronel (residente permanente) dirigía. Buscar a los maltratados, sean presos políticos o comunes es tarea trascendental. Puede marcar pauta si logramos que se acumulen denuncias y la lógica investigación que juzgue al esbirro Marino Rivero por delitos consumados. En el marco de la ley internacional vigente entre Cuba Y E.U. tal vez no cabe otra sanción que no sea la deportación, pero que se cumpla sería una decisión importante. El Coronel debe estar allá, entre sus compañeros criminales hasta que lo alcancen otras leyes y otros testigos.
Denuncia al alto oficial y ex Director de Cárceles y Prisiones del régimen castromunista de Cuba, Coronel Crecencio Rivero

Coronel Crescencio Marino Rivero en su casa de Miami
(foto cortesia de Carlos Santana)
Yo Manuel Pozo hago responsable al Coronel Marino Rivero de las torturas ejercidas contra el prisionero político Orlando Patricio Domínguez de LaCoba en la prisión Alambradas de Manacas entre los días 21 al 25 de mayo de 1984. El día 21 de mayo el joven Orlando Patricio, quien vivía días infernales en el pabellón de la muerte de aquella cárcel decidió quitarse la vida inyectándose petróleo en ambos brazos.

El dolor causado por las inyecciones hizo al prisionero gritar a más no poder, lo que motivó un toque de puerta repetido por los demás presos reclamando asistencia para Orlando; en el pasillo del pabellón -donde esperaba la fecha para ser fusilado-* ya se sentía el mal olor que despedían sus brazos muy dañados por el petróleo. 

Sin recibir atención médica y abandonado totalmente, el joven ya no sentía su brazo derecho y el dolor lo desmayaba por momentos y así llegó al 4to día el horrible sufrimiento, por lo que los presos aislados en esa área intensificaron otra fuerte protesta exigiendo tratamiento y el traslado de Orlando Patricio hacia la enfermería de la prisión.

El día 25 de mayo de 1984 después de algunas horas en el quirófano del Hospital Provincial de Villa Clara, a Orlando le amputaron su brazo derecho a la altura del hombro producto de una severa gangrena. Los dos brazos estaban muy infectados, aunque lograron salvarle el izquierdo y soy testigo de lo dañado que quedó su único brazo.

Hoy Orlando no puede testificar** sobre este crimen colectivo de los carceleros de la prisión villaclareña. A su madre Angela de la Coba no logro localizarla, pero nosotros sus hermanos de la prisión Combinado del Este sabemos lo que le hicieron. Y lo sabemos porque compartimos sus denuncias y sus relatos. A Orlando lo querían muerto, le negaron la asistencia médica porque era muy difícil sobrevivir a lo que hizo; esas inyecciones (sin asistencia) nadie las soportaría, "el envenamiento de la sangre lo matará", comentaban los guardias de la prisión; Orlando estuvo en ese sufrimiento 4 días. Los mismo carceleros decían que no podían atenderlo, que tenían órdenes de no llevarlo a la enfermería. Una vez sobrepasado el suceso, Orlando habló con varios presos de la cárcel y supo todo lo que pasó, incluso alguno de esos presos le hizo saber que el petróleo se lo hizo llegar alguien que trabajaba en el exterior penal con el conocimiento y apoyo de los oficiales de la prisión.
Yo acuso a cada carcelero con conocimiento de este aberrante crimen y a sus superiores como debe suceder en estos casos. Es la máxima autoridad la gran responsable de los atropellos y violaciones constantes en un penal. El jefe del penal de ese entonces y el jefe de cárceles y prisiones de la provincia Villa Clara merecen ser juzgados por este y todos sus atropellos.

Por residir en Miami, precisamente en tierra del exilio cubano, es el Coronel Crecencio Marino Rivero el más inmediato y quien debe responder -urgentemente- a esta y otras denuncias. En este caso por la salvaje tortura contra un prisionero indefenso y moribundo. Es un crimen que debe tener castigo  y no una visa permanente para permanecer en Estados Unidos.
 Firman esta denuncia algunos de los presos políticos que conocieron a Orlando Patricio Domínguez de LaCoba y escucharon  -narrado por él- esos días de torturas en la Prisión Alambradas de Manaca en el año 1984.
                                                     
Presos Políticos del 4to piso del Combinado del Este: 1980-1993
Arturo Suárez Ramos.(011-34-911-266-185) Madrid,España
Roberto Calveiro León.(011-34=692-109-696) Galicia,España
David Jiménes Ramos.(Las Vegas,Nevada)
Samuel Hernández Reyes.(011-34-686-563-714/Galicia,España
Orlando Miret Prieto.(305)200-2648/Miami,Fl
Jacinto Fernández González.(305) 298-6064/Miami,Fl
Isidro Ledezma Quijano.(813)931-6304/Tampa,Fl
Manolo Pozo Montero.(562)392-5034/ Los Angeles,Ca.
José Luís Enrique Linacero.(786)738-2153/ Miami,Fl
Oreste Dobao Aragón.(786)380-7607/ Miami,Fl
Alexis Corzo. (011-34-986-376-251) Galicia, España
José Luís martínez Vidal.(Veneto,Italia)
Oscar R. De Céspedes.(305)380-6054/Miami,Fl
Francisco Rosado Torres.(786)343-7130/Miami,Fl
Arturo Montané Ruíz.(813)857-0019/Tampa,Fl



*condenado a pena de muerte, sanción conmutada a 30 años.
** Orlando murió en Madrid en un sospechoso incidente en el año 1997.
 

jueves, 1 de noviembre de 2012


Ex represor cubano mantiene bajo perfil en Miami

Juan Carlos Chavez y Juan Tamayo, El Nuevo Herald

Crescencio Marino Rivero, un temido ex jefe de prisiones cubano que recientemente se estableció en el sur de la Florida junto con su esposa, una ex oficial de migración, habría ordenado hace sólo dos años la agresión contra la hija de un disidente pacífico en Santa Clara, según fuentes consultadas por El Nuevo Herald. En Miami, sin embargo, mantiene un bajo perfil lo que le había permitido pasar inadvertido.

Rivero, de 71 años, ha sido calificado por activistas y ex presos políticos como un hombre particularmente agresivo y a menudo desagradable. Las denuncias también coinciden en señalarlo como un personaje que se aprovechó de su alto rango en el Ministerio del Interior para someter a los disidentes a tratos crueles e inhumanos.

“En dos o tres ocasiones estuvo en mi casa amenazándonos”, recordó Magda Monteagudo Barrio, esposa del opositor Rafael Pérez González. “Por eso nosotros pensamos que fue Rivero quien ordenó una agresión que sufrió mi hija cuando estaba embarazada”.

La agresión ocurrió en junio del 2010 y en septiembre de ese año Rivero y su esposa estaban viajando a Estados Unidos, explicó Monteagudo.

Rivero se jubiló aproximadamente hace siete años como coronel del Ministerio del Interior. Después de su retiro, él y su esposa Juana Ferrer, de 65 años, realizaron unos tres viajes desde Cuba para visitar a una hija que vive en el suroeste del Condado Miami-Dade. En su cuarta visita la pareja decidió establecerse definitivamente e iniciar los trámites de rigor para obtener un estatus legal en el país. El ex coronel es actualmente residente legal de Estados Unidos.

Un reportero de El Nuevo Herald intentó entrevistar el miércoles a Rivero. Cuando el reportero tocó la puerta del apartamento donde vive, una mujer que se identificó como la hija de Rivero abrió la puerta y dijo escuetamente que su padre no haría declaraciones públicas ni tendría contacto con los medios.

“El no va a hablar con la prensa”, indicó la mujer. Luego se escuchó la voz de un hombre mayor que, desde el interior de la vivienda, le ordenó a la joven que no siguiera hablando.
“Cierra esa puerta ya”, dijo el hombre, presumiblemente Rivero.

Al menos dos abogados de inmigración, Santiago Alpízar y Wilfredo Allen, han cuestionado abiertamente la forma en que Rivero y su esposa consiguieron permisos de residencia. Ambos ocuparon puestos en el gobierno cubano, eran miembros del Partido Comunista y enfrentan acusaciones de acoso y maltrato.

Todos los cubanos tienen la posibilidad de quedarse una vez que ponen pie en territorio de Estados Unidos. Sin embargo, pueden ser expulsados si mienten o tergiversan sus testimonios con el propósito de obtener el permiso correspondiente de residencia y ciudadanía.

“Personas como Rivero no pueden vivir en Estados Unidos con total impunidad”, comentó Alpízar. “Está viviendo cómodamente en Miami y a costa de los impuestos que nosotros pagamos”.

Vecinos del área aseguraron haber visto “en raras ocasiones” a Rivero. Una mujer que prefirió mantener su nombre en el anonimato indicó que las pocas veces que coincidió con Rivero en el vecindario fue cuando éste sacaba la basura muy temprano en la mañana. Otro vecino lo describió como un hombre distante y poco comunicativo.

El historial de Rivero se conoce por testimonios de algunos ex presos políticos cubanos y activistas que abogan por el respeto de las libertades individuales.

Rivero trabajó para la Seguridad del Estado cubano en las décadas de 1960 y 1970. Posteriormente fue promovido a director de reeducación de las prisiones juveniles de la provincia de Villa Clara, un puesto de absoluta confianza y al que sólo acceden funcionarios de carrera.

En 1994 Rivero ya era jefe de prisiones en la provincia en un momento particularmente sensible y cuando se reportaban frecuentes abusos contra los presos políticos.
Sobre la esposa de Rivero ha trascendido que se trata de una mujer que llegó a teniente coronel del Ministerio del Interior. Algunos disidentes aseguran que participó junto con su marido en actos de repudio y amenazas contra la oposición pacífica.

Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo 2010, indicó que Rivero siguió colaborando con el gobierno cubano después de su retiro. Añadió que era conocido su liderazgo en la directiva de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

“Rivero estuvo involucrado en los actos contra [Rafael] Pérez y su familia”, manifestó Fariñas en una conversación telefónica desde su casa en Santa Clara. “El, junto con un grupo de represores, han dado golpes y amenazas. Rivero tenía el rango más alto de ese grupo porque es un coronel retirado del Ministerio del Interior”.

La situación de Rivero y las condiciones de su estatus en Estados Unidos recuerdan el caso de Eriberto Mederos, un ex enfermero del Hospital Psiquiátrico de La Habana (Mazorra), que fue hallado culpable de mentir sobre su pasado en las solicitudes de ciudadanía estadounidense.

Mederos fue reconocido por varios exiliados en Miami como un torturador de prisioneros políticos en Cuba. El ex enfermero murió en el 2002 debido a un cáncer. Su deceso ocurrió justamente cuando un tribunal debatía su situación legal y evaluaba la posibilidad de una sentencia de cárcel.

Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, radicada en La Habana, manifestó que el caso de Rivero se suma al de otros colaboradores y funcionarios del gobierno cubano que intentan ocultar su identidad para proteger su futuro y vivir cómodamente.

“Aquí en nuestra comisión estamos a favor de la reconciliación nacional”, afirmó Sánchez. “Pero esto no debe incluir los casos en que se han cometido crímenes y abusos porque éstos deben ser ventilados en procesos justos”.

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